En el marco de las grandes guerras, muchos han sido los autores que se han ocupado de estudiar el tema de la violencia en sus diversas formas y especificidades. La violencia directa, diferente de la violencia cultural o estructural, hace referencia a aquellos comportamientos que se desatan producto de los cambios humanos, sociales, estéticos, culturales y políticos que la modernidad estimuló (García González, 2014). Según García González (2014), la violencia es aquel comportamiento que constituye una violación o privación de algo que le es esencial a la persona (integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades, etc.), lo que se traduce en limitar las posibilidades de desarrollo como personas. La Trata de Personas ha sido catalogada como una de las formas de esclavitud moderna y una violación de los derechos humanos. Es una práctica que degrada al ser humano, convirtiéndolo en un objeto con el que se negocia y trafica. Después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, la Trata de Personas es el tercer negocio ilícito más productivo en el mundo. Los cálculos de las Naciones Unidas indican que este delito genera de 7.000 a 10.000 millones de dólares anuales para los tratantes (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015). En Colombia, el fenómeno de la Trata de Personas es un delito que afecta y violenta de manera directa la dignidad de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta forma de violencia que produce una violación continua y permanente de los Derechos Humanos de las víctimas, restringe las libertades individuales y vulnera la igualdad. La Organización de las Naciones Unidas, en particular en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los protocolos adicionales sobre la Trata de Personas y tráfico de migrantes, estableció que la Trata de Personas se perfila como una actividad que tiene como características: (i) el reclutamiento, transporte, transferencia o recepción de personas; (ii) el uso de medios impropios, como la fuerza, la obducción, el fraude, o la coerción; y (iii) tiene como objetivo la explotación (sexual, trabajos forzados, servilismo o esclavitud). Dada la crisis económica por la que ha venido atravesando Venezuela desde hace un par de años, muchos ciudadanos han tomado la decisión de abandonar el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero, dejando atrás propiedades, familiares, amigos e incluso profesiones con la esperanza de conseguir una mejor vida. Según un informe de Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur, publicado por la Oficina Internacional de Migraciones el pasado veintisiete (27) de febrero, en los últimos dos años, Colombia ha sido el destino por excelencia para la mayoría de migrantes venezolanos, bien sea para quedarse o para usarlo como país de tránsito para llegar a otros destinos. En segundo y tercer puesto de los países que registran la mayor cantidad de venezolanos ingresando a su territorio, se encuentran Estados Unidos y España respectivamente (Reyes, 2018). Para efectos de esta investigación, se concentrará en ahondar en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que podrían influenciar en la propensión de las personas de nacionalidad venezolana a ser víctimas de la comisión de delitos de Trata de Personas en territorio colombiano.

Para leer el informe completo oprimir aquí.