El estado de la trata de personas en el Perú
Efectivamente, la trata de personas es un fenómeno aterrador para sus víctimas y/o familiares, por lo cual es reprimida y sancionada severamente por el Estado peruano y por todos aquellos Estados comprometidos en garantizar los derechos humanos de las personas.
La falta de información y de adecuada atención a las graves consecuencias de esta modalidad criminal, ha llevado a elaborar el presente diagnóstico dirigido a visualizar el fenómeno a nivel nacional en sus distintas dimensiones, contemplando varios enfoques y ejes de actuación. Así, se busca aumentar el conocimiento y compromiso de las autoridades y la ciudadanía para lograr mayor eficacia y colaboración en la lucha contra este delito.
A nivel mundial, la OIT calcula en 2 450 000 el número de víctimas de la trata de personas, delito que genera ingresos anuales por alrededor de 12 mil millones de dólares, de los cuales entre 5 y 7 provienen de actividades vinculadas a la explotación sexual, considerando sólo los beneficios producidos por la venta inicial de las mujeres.
Las ganancias de los tratantes (reportadas por las víctimas) debidas a la explotación cotidiana, se estiman a nivel mundial en unos 32 000 millones de dólares anuales.
En el plano nacional, no se tiene estimación aproximada de los ingresos que deja este delito, dada su naturaleza básicamente oculta. No obstante, este estudio muestra que la trata con fines de explotación sexual en el Perú, no es en sí misma una actividad excesivamente rentable, sino más bien se asocia al manejo de negocios colaterales como bares, restaurantes, picanterías y otros donde se vende comida y alcohol. Muchas veces los mismos tratantes son dueños de estos locales o resultan familiares cercanos de quienes los administran, de modo que las víctimas son usadas como “carnada” para el lucro de diferentes explotadores y cómplices.
Se trata de redes bien estructuradas y con complejas ramificaciones en actividades formales y aparentemente legales, en las que la víctima es rodeada mediante presiones y/o violencia que la reducen a un estado permanente de violación de sus derechos. Y ello suele ocurrir en contextos sociales permisivos, al amparo de prejuicios y falta de información. Por ello, este trabajo busca documentar el problema con la mayor claridad y rigor posibles, para contribuir a mejorar las definiciones, estrategias y actitudes al respecto, como exigen los programas de prevención y de acción contra esta forma criminal de explotación.
Como aclara este estudio, es necesario enfatizar cinco constataciones:
- La trata de personas no discrimina la edad de sus víctimas, pues estas pueden ser niñas/os, adolescentes, adultos mujeres y hombres.
- No requiere traslado transnacional ni cruce de fronteras para constituir delito. La legislación interna contempla adecuadamente la figura de la trata interna, de manera que basta con lograr el retiro de la víctima de su núcleo familiar o del lugar donde vivía, con propósitos de explotación.
- La figura delictiva se presenta en las actividades de captación, transporte, traslado, acogida y recepción mediante amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima y su familia.
- El consentimiento es irrelevante, si se han empleado los medios de coerción descritos o si la víctima es menor de edad.
- Para sancionar la TdPs no es requisito comprobar explotación efectiva, pues basta que se acredite el uso de los anteriores recursos, sea con fines de explotación sexual, laboral, venta de niños, mendicidad, extracción y/o tráfico de órganos u otras formas de explotación, esclavitud o actividades análogas a esta.
Esta investigación estudia el fenómeno de la TdPs desde varios enfoques (derechos humanos, género, delincuencia nacional e internacional, aspectos migratorios y seguridad ciudadana), constituyendo un trabajo exploratorio y descriptivo a la vez, basado en métodos cuantitativos y cualitativos que analizan el comportamiento de 12 indicadores enmarcados en 4 ejes de acción:
1. Prevención,
2. Persecución,
3. Protección o colaboración y
4. Coordinación.
Las técnicas cualitativas aplicadas obtuvieron información de primera y segunda fuente a nivel nacional. Consistieron básicamente en entrevistas (un total de 98 dirigidas a actores del sector público, privado e internacional), análisis documental, recojo testimonial de víctimas y tratantes (un total de 22 testimonios), técnicas participativas, observación directa y registro fotográfico.
Para obtener la data cuantitativa, la principal técnica fue la aplicación de 104 cuestionarios a las personas entrevistadas, para complementar sus aportes, abordándose como temas (i) el grado de coordinación y colaboración entre actores, (ii) acuerdos de cooperación, planes regionales y locales, (iii) capacitación, formación e investigación, (iv) corrupción y trata de personas (v) medidas de confiscación, (vi) marco legal y políticas nacionales y (vii) proyectos de cooperación contra la TdPs.
El diagnóstico está estructurado en cinco capítulos o partes, la primera de las cuales presenta el marco referencial utilizado, detallando los elementos básicos de la TdPs, las características de delitos afines y los distintos enfoques implicados en su análisis.
La segunda parte describe los objetivos del estudio y el enfoque metodológico usado. Además, presenta un cuadro sistematizado donde se esquematiza en forma detallada la metodología, incluida la selección de muestra y unidad de análisis de cada indicador perteneciente a los ejes antes descritos. Por último, en esta parte se describe la importancia de la zona de intervención y la metodología utilizada en el trabajo de campo.
La tercera parte visualiza los resultados del presente diagnóstico y los clasifica en 3 (tres) sub-categorías. La primera a nivel cualitativo, donde se informan los hallazgos según los ejes de actuación en la lucha contra la TdPs. En la segunda sub-categoría se describen los resultados alcanzados en las regiones según la intervención de campo, que se dio en Piura, Tumbes, Cusco, Pasco, Huánuco, Loreto y Madre de Dios, a nivel nacional; y en la ciudad de La Paz, en Bolivia. La cuarta parte explora los resultados encontrados a nivel cuantitativo, según los resultados de los cuestionarios.
La parte final del diagnóstico expone 13 (trece) conclusiones y 17 (diecisiete) recomendaciones, según los hallazgos a nivel central y regional, de acuerdo a los ejes de actuación descritos. Las recomendaciones se dan principalmente a actores clave en la lucha contra la TdPs, que incluyen a instituciones pertenecientes a los Organismos Públicos, al Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, a las ONGs y al sector de Comunicadores.
A modo de conclusión, se pretende que el diagnóstico refuerce conocimientos adquiridos, por parte de instituciones involucradas en el tema, que sirvan de base para futuras capacitaciones, que sean tomados en consideración para planificar campañas estratégicas de información sobre el delito explorado, que complementen líneas de base para proyectos específicos de cooperación en el tema, que se recojan las recomendaciones aquí presentadas y que se utilice el contenido del diagnóstico a fin de generar, diseñar e implementar políticas públicas de alcance nacional en la lucha contra este fenómeno.
Finalmente, los actores clave que trabajan para mejorar la calidad de vida de las víctimas y potenciales víctimas de TdPs, son invitados a profundizar en ciertos puntos del diagnóstico, que, sin duda, merecen ser visualizados y estudiados mediante enfoques ya no solo exploratorios y/o descriptivos, sino mas bien explicativos.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es una agencia de las Naciones Unidas centrada en el tráfico y el abuso de drogas ilícitas, la prevención del delito y la justicia penal, el terrorismo internacional y la corrupción política.