Las Trabajadoras del Hogar en el Perú. Balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales.
El trabajo del hogar remunerado es considerado una de las ocupaciones con peor calidad del empleo en el mundo. A pesar de su contribución a la economía nacional y familiar, con demasiada frecuencia las personas que se dedican a esta labor se ven expuestas a abusos y al menoscabo de sus derechos. Esta situación ha motivado la especial preocupación de la Defensoría del Pueblo que, en los últimos años, ha elaborado dos estudios en la materia.
El primero de ellos data del año 2012 y lleva por título “Las trabajadoras del hogar en el Perú. Una mirada al marco normativo nacional e internacional establecido para su protección”. Esta investigación recoge los testimonios de trabajadoras del hogar, lideresas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes dan cuenta de los obstáculos que aún enfrenta este sector para ejercer plenamente sus derechos, sin discriminación ni violencia.
Asimismo, se evidencia la importancia de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos; y la necesidad de modificar la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar.
Un año más tarde –en el 2013– se publicó un segundo estudio en la materia titulado “Las trabajadoras del hogar en el Perú. Supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos”. Para la elaboración de esta investigación se priorizó la supervisión de los sectores directamente responsables de diseñar e implementar políticas públicas a favor de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado.
Así, a partir de elaboración de este informe se planteó una serie de recomendaciones con el objeto de contribuir a fortalecer la respuesta estatal frente a la situación de desprotección en la que aún laboran miles de trabajadoras y trabajadores del hogar en el Perú.
En atención a ello, y en ejercicio de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo se propone, ahora, llevar a cabo un balance sobre el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones en materia de trabajo del hogar remunerado. En tal sentido, el presente reporte tiene por objeto examinar los avances y las dificultades que ha tenido el Estado para avanzar en la defensa y promoción de los derechos de este importante sector laboral.
Para tal efecto, se ha divido este estudio en tres capítulos. En el primero, se realiza un diagnóstico sobre la situación de los/as trabajadores/as del hogar, tomando como base la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en base a la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, así como la información reportada por las entidades supervisadas. Las cifras disponibles en la materia confirman lo señalado por la OIT con relación a las extensas jornadas de trabajo, las bajas remuneraciones, el escaso acceso a la seguridad social (en salud y pensiones) y el alto incumplimiento de normas laborales, que caracterizan esta ocupación.
Asimismo, se analizan los principales componentes del régimen laboral especial que regula el trabajo del hogar remunerado, para lo cual se hace referencia a la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2003-TR, ambos del año 2003. Sobre el particular, cabe precisar que en el Perú diversas instituciones –entre ellas la Defensoría del Pueblo– se vienen pronunciando a favor de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, a fin de asegurar condiciones de trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
En el segundo capítulo se presentan los avances reportados por el Estado en esta materia durante el periodo comprendido entre octubre de 2013 (fecha de publicación de nuestro último informe sobre trabajo del hogar remunerado) y agosto de 2015. Sin embargo, en el caso específico de la labor de la Sunafil, el periodo de la supervisión se extendió hasta diciembre de 2015, considerando que la institución entró en funcionamiento en el año 2013.
Para ello, se diseñaron fichas de recojo de información, solicitándose a cada entidad pública supervisada – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Seguro Social de Salud, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Oficina de Normalización Previsional – que reportara las acciones implementadas, en el marco de sus competencias, para dar cumplimiento a la recomendaciones defensoriales contenidas en el Informe “Las trabajadoras del hogar en el Perú. Supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos”.
En el caso específico de la supervisión realizada a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), también se recogió información a través de entrevistas a una representante de la institución, así como a representantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp) y la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Fentrahogarp).
El tercer capítulo de este reporte tiene por objeto presentar una agenda pendiente en materia de trabajo del hogar remunerado, a partir de las recomendaciones defensoriales que se encuentran aún pendientes de cumplimiento. En este capítulo se destaca la importancia de que las entidades estatales con competencias en la materia adopten las acciones necesarias –en el más breve plazo– para la implementación de dichas recomendaciones.
Finalmente, resulta fundamental que se realice una pronta adecuación de la normativa interna a los estándares internacionales de protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. De igual modo, es indispensable contar con mecanismos efectivos para garantizar sus derechos, en caso de que estos no sean respetados. En este contexto, el objetivo del presente informe no es otro que contribuir –en el marco de nuestras competencias – a la implementación de medidas que garanticen condiciones más justas y equitativas para este sector laboral en situación de especial vulnerabilidad.
Para leer más, por favor haga clic aquí.