Reporte sobre Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de EE.UU.

Reporte sobre Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de EE.UU.

Reporte sobre Trata de Personas 2020 del Departamento de Estado de EE.UU.

El Gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; sin embargo, se empeña en lograrlo. Demostró haber tomado más iniciativas en comparación con el período del informe anterior; por lo tanto, México permanece en el Nivel 2. Las iniciativas incluyeron la investigación y el enjuiciamiento de más tratantes, como el logro del procesamiento de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual, conforme al nuevo sistema acusatorio; la identificación de más víctimas en México y en el extranjero; la investigación y el enjuiciamiento de autoridades presuntamente corruptas o cómplices, y la condena de un funcionario gubernamental a 39 años de prisión; el mantenimiento de la cooperación de las fuerzas del orden con los Estados Unidos; el aumento de los recursos suministrados a los servicios para las víctimas; y el inicio de más investigaciones debido a las remisiones recibidas en las líneas telefónicas directas.

No obstante, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave; impuso condenas a menos tratantes que en el año anterior, aun cuando esas personas recibieron penas de prisión considerables; prestó servicios especializados deficientes a las víctimas de la trata, e inexistentes en la mayor parte del país; y mantuvo un número insuficiente de albergues dada la gravedad del problema. En ocasiones, el gobierno detuvo equivocadamente a las víctimas de la trata durante las operaciones, e investigó y llevó a juicio pocas denuncias de trabajo forzoso.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES:

  • Intensificar las labores para investigar y enjuiciar a los acusados de los delitos de trata y trabajo forzoso, a nivel federal y estatal, y sentenciar a los tratantes condenados a períodos de prisión considerables.
  • Reactivar los protocolos vigentes para ampliar la capacidad de identificación y remisión de víctimas, en especial entre las poblaciones vulnerables, como los trabajadores migrantes, las poblaciones indígenas y las personas dedicadas al sexo con fines comerciales.
  • Impulsar las gestiones para proteger a las víctimas y a los testigos que declaran contra tratantes, y garantizar además que no se les obligue a declarar contra los acusados, que no se les identifique equivocadamente como tratantes ni se les detenga de manera ilícita.
  • Incrementar las iniciativas encaminadas a responsabilizar a los servidores públicos corruptos o cómplices de este delito por medio de enjuiciamientos efectivos, y sentenciar a los funcionarios condenados a largas penas de prisión.
  • Formular y ejecutar un plan nacional de acción estratégica dirigido a los servicios para las víctimas y financiado por el Estado, en consulta con organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG), que incluya servicios y albergues especializados para todas las víctimas de la trata, sean hombres o mujeres.
  • Aumentar el financiamiento federal destinado a las actividades de las fuerzas del orden y los servicios para las víctimas.
  • Ampliar, a nivel federal y estatal, la capacidad de las fiscalías o las unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas para que respondan competentemente a los casos de trata, por medio de más financiamiento y capacitación del personal.
  • Dar mejor protección y atención a las víctimas durante los procedimientos judiciales para garantizar su seguridad, evitar que revivan el trauma e impedir su detención ilícita.
  • Capacitar a las autoridades para que soliciten u ordenen el resarcimiento de las víctimas con el fondo establecido para ese fin según lo dispuesto por la ley.
  • Desarrollar la capacidad y fortalecer el sistema de inspección laboral, particularmente en el sector agrícola, y hacer cumplir las leyes para responsabilizar a los reclutadores fraudulentos de mano de obra extranjera.
  • Establecer, asignar y emplear recursos suficientes para un plan nacional de acción contra la trata de personas, que esté coordinado por autoridades locales, estatales y federales.
  • Potenciar las actividades de recopilación de datos.

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Foto: World Bank Photo Collection