Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019
La comercialización de seres humanos con fines de explotación se extiende a través del mundo sin que nuestro país se encuentre exento de ella. En la actualidad la lucha por su erradicación es un objetivo global y los enfoques utilizados por los Estados se centran cada vez más en las víctimas y la prevención, ante los limitados resultados que presentan las políticas criminales dirigidas exclusivamente a perseguir a los tratantes.
México ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños en 2003, obligándose con la comunidad internacional a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral que, además de la prevención y la sanción, incluyera la atención a víctimas.
A lo largo de estos últimos 15 años se han desarrollado una serie de herramientas normativas e institucionales que muestran la voluntad del Gobierno de México para combatir este delito complejo y multicausal que se traduce en una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas que son víctimas, y en un deterioro para las comunidades que lo enfrentan. Sin embargo, el reto que ha implicado la institucionalización de las políticas públicas y la coordinación interinstitucional para los tres órdenes de gobierno han impedido que se materialicen resultados concretos que puedan traducirse en un combate frontal y efectivo.
Una de las mayores limitantes que este Organismo Nacional ha observado en el abordaje de la trata de personas y la explotación en sus diversas finalidades es la falta de estudios, investigaciones y diagnósticos nacionales, regionales y locales que permitan conocer la forma en la que estos delitos se presentan y a quiénes están afectando principalmente. Si bien se realizó un importante esfuerzo en 2014 con la presentación del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) a solicitud de la Secretaría de Gobernación, el análisis estuvo enmarcado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas abrogada en junio de 2012 al entrar en vigor la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Ley General).
Con la finalidad de recopilar y exponer información disponible en la materia, concentrándose particularmente en los distintos elementos de la cadena de la trata de personas y señalando los factores que propiciaban el delito en función de cada uno de los sujetos involucrados, en 2013, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas con información requerida a una serie de autoridades federales y estatales que comprendió el periodo 2009 al primer trimestre del 2013.
La necesidad de aportar más que una actualización estadística, una reflexión cualitativa sobre la situación que guarda la trata de personas en el país y los avances que se han obtenido a partir de la actuación de las autoridades con obligaciones específicas en la materia, motivó que, en 2017, este Organismo Nacional realizara una serie de solicitudes de información a diversas autoridades federales y estatales para integrar un diagnóstico que en esta ocasión estuviera enmarcado en la Ley General, teniendo como periodo de consulta su entrada en vigor (15 de junio de 2012) y el 31 de julio de 2017.
El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 cuenta con tres capítulos que pretenden, de manera conjunta, brindar una visión integral sobre una problemática en la que se presentan diversos actores y escenarios. Se parte del hecho de que las víctimas de trata de personas no son solo aquéllas que han sido identificadas por una autoridad del ámbito penal, sino que existe una importante cantidad de personas que no han sido detectadas y que, por tanto, no han tenido acceso a la justicia. De ahí que fue fundamental para este análisis, obtener información de otras fuentes que sirviera de contraste, ya sea reafirmando lo que señalan las cifras oficiales o aportando nuevos datos que pudieran servir de base para nuevas líneas de investigación.
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