En dos embarcaciones que zarparon con apenas 23 días de diferencia desaparecieron 60 personas. Peñeros que debían alejarse de las costas venezolanas para alcanzar las de Trinidad y Tobago, pero que nunca llegaron. Una adolescente de 16 años ahogada en la zozobra. Nueve sobrevivientes que prefieren el silencio. Dos capitanes vivos y rescatados, uno tras las rejas y el otro en fuga. Nueve detenidos que esperan una nueva audiencia de presentación postergada cuatro veces en ocho meses. Un expediente que reposa en algún escritorio de la Fiscalía General de Venezuela, mientras familias enteras siguen clamando una búsqueda que quedó en pausa desde hace un año.

Es una historia que se pudo evitar, si las autoridades hubiesen atendido las alarmas. Pero no ocurrió, a pesar de advertencias. Los dos botes pesqueros -el Jhonaily José y el Ana María- comparten la historia de haber sido borrados del mapa en una ruta que salió del mismo puerto y confluyó hacia una zozobra en común, en distintos días.

Un Estado que, en todos sus niveles, voltea la mirada frente al zarpe de embarcaciones que viajan de manera ilegal sobrepasadas en su capacidad, bajo la aquiescencia de instituciones y autoridades que rigen los muelles, a cambio de entre 300 y 500 dólares por bote, según recuento de parientes de varias de las víctimas. La omisión de alcaldes y gobernadores que reconocen haber sido rebasados por un poder paralelo del que no mencionan el nombre en voz alta. Y, más allá, la aparente complicidad que señala una y otra vez a funcionarios policiales y militares que negocian con la vida de mujeres, hombres, adolescentes y familias enteras que salieron buscando por mar un camino rápido de emigración desde las costas de Güiria, en Venezuela, hacia Trinidad y Tobago.

Un caso que cumple un año en impunidad, ante el silencio del fiscal general Tarek William Saab y las demás autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

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