Del Año de la Reconciliación Nacional (2018) al Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (2019), el combate contra la trata de personas y otras formas de explotación humana se vio zarandeado por la vorágine política y social. Después del convulso 2018, el Estado peruano reconoció como prioridad nacional para todo 2019 la lucha contra la corrupción y la impunidad. Este reconocimiento significó responsabilidad de fortalecer el estado de derecho en toda su dimensión: desde la debilitada institucionalidad democrática hasta la lucha contra la pobreza teniendo como marco el respeto a los derechos humanos. ¿Hemos cumplido?

Haciendo una línea de tiempo, vemos cómo 2018 se caracterizó por una grave crisis institucional en lo más profundo del Estado. En el VI Informe Alternativo, dábamos cuenta de tres situaciones claras.
En primer lugar, el (re)descubrimiento de la magnitud de la corrupción de la justicia en el Perú, que puso en entredicho a los principales órganos del sistema de justicia y cuyo efecto inmediato fue una declaración de emergencia del Poder Judicial, con la posibilidad de revisar fallos judiciales relativos a la trata de personas. En segundo lugar, se desarrolló el proceso electoral regional y local caracterizado por la apatía social y por la dispersión de las opciones políticas. Como resultado, las nuevas autoridades deconocían sus responsabilidades en el marco de la lucha contra la trata de personas. Finalmente, la migración venezolana fue un factor directamente relacionado con la implementación del PNAT y con la política migratoria.

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