La trata de personas es un fenómeno complejo que requiere un enfoque coordinado y multisectorial para lograr una respuesta efectiva. Según el documento de antecedentes preparado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito UNODC para las discusiones del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas en el 2015; Para que sea exhaustiva, la respuesta nacional de justicia penal a la trata de personas debe incluir medidas destinadas a proteger y apoyar a las víctimas, así como medidas apropiadas para actuar contra los tratantes. En el artículo 2, párrafo b, del Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas se señala que uno de los fines del Protocolo es proteger y ayudar a las víctimas de la trata, respetando plenamente sus derechos humanos. Después de casi tres decenios de experiencia en la aplicación del Protocolo, es evidente que existe un amplio consenso no solo sobre la necesidad de atender a las necesidades particulares de cada persona y prevenir la revictimización, sino también sobre la necesidad de desarrollar las facetas de esa protección y asistencia, para garantizar que las víctimas puedan desempeñar un papel eficaz de apoyo a la investigación y el enjuiciamiento de los casos.

En este contexto y producto de las reflexiones en el marco de la Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe, realizada en el mes de Julio de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana; la Asociación Internacional de Mujeres Juezas IAWJ, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito UNODC y la organización Liberty Shared a través de su iniciativa Freedom Collaborative han invitado a dos mujeres asociadas a compartir sus experiencias y reflexiones alrededor del tema “Retos de la Justicia Penal en la respuesta a la Trata de Personas” en un Webinar en español.