La trata de personas es una grave violación de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente en el caso de trata con fines de explotación sexual, mostrándose como una forma de violencia de género y de discriminación contra la mujer. Si bien la trata no requiere el cruce de fronteras, está interrelacionada con los procesos migratorios y, en ocasiones, la línea divisoria entre tráfico y trata puede ser difusa. Muchas personas caen en la trata durante el trayecto migratorio. Las mujeres y las niñas son quienes tienen más riesgo de caer en redes de trata, especialmente para su explotación sexual. España, puerta de entrada de migración en Europa, es también un país de destino y tránsito para las víctimas de trata. El derecho internacional exige a los Estados una respuesta basada en los derechos humanos para prevenir y luchar contra la trata en todas sus formas, y sobre todo para proteger los derechos humanos de las víctimas tanto en la legislación como en la práctica, con medidas acordes a las necesidades reales de las víctimas, garantizando la perspectiva de género y un adecuado trato en relación a la edad, para su detección y/o identificación, la asistencia y protección, garantizando el acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral.

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