Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos con presencia en la zona, señaló hoy Human Rights Watch. Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales.

Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando. Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas.”

Las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medioambiente y en la salud de los trabajadores, según fuentes locales. La migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Muchos residentes viven atemorizados y están expuestos a severas condiciones laborales, saneamiento deficiente y un riesgo muy alto de contraer enfermedades como la malaria.

En octubre de 2019, Human Rights Watch entrevistó a 21 personas que habían trabajado en minas o localidades mineras en el estado Bolívar durante 2018 y 2019, incluidas las minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo. En octubre y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a otras 15 personas, incluidos líderes de grupos indígenas en la zona, periodistas y expertos que visitaron el lugar recientemente, así como familiares de personas que trabajan en minas, y analizó informes de organizaciones independientes y medios de comunicación que coincidían con los relatos de las personas entrevistadas. Además, Human Rights Watch revisó imágenes satelitales que muestran el crecimiento de la minería en esta zona.

Lee más aquí.