Desde que se intensificó el movimiento masivo de personas que huyen de la crisis en Venezuela en 2017, los países de América Latina y el Caribe han tratado de encontrar maneras de atender las necesidades de esta población creciente. Algunos países como Colombia, Perú y Ecuador, que albergan a un gran número de venezolanos, han establecido sistemas de residencia temporal
que permiten a los beneficiarios permanecer legalmente en el país y tener acceso a empleo. En
las crisis de desplazamiento, la calidad de los servicios y la asistencia suele diferir entre los países receptores, pero el destino que depara a los venezolanos que buscan refugio en la pequeña isla de Curazao, a tan solo 64 kilómetros de la costa de Venezuela, podría ser perfectamente el peor de las Américas.

No se dispone de datos sobre el número de venezolanos en situación irregular que se encuen- tran actualmente en Curazao, aunque según las estimaciones recibidas por Refugees International (RI), podría alcanzar de 10 000 a 13 000 personas. El Gobierno de Curazao no solo no estableció un mecanismo de protección para esta población, sino que ha aplicado una “estrategia activa de expulsión” mediante el arresto, la detención y la deportación de venezolanos en situación irregu- lar. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos y, por consiguiente, tiene la obligación de cumplir varios tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, como el Conven- io Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, los venezolanos en Curazao no tienen acceso a estos derechos.

Un equipo de RI visitó Curazao en febrero de 2019 para investigar las condiciones de los venezola- nos que viven en el país. El equipo entrevistó a venezolanos que viven en situación irregular, miem- bros de la diáspora venezolana en situación legal en la isla y representantes de organizaciones
de la sociedad civil (OSC) y organismos de las Naciones Unidas (ONU). Describieron una situación terrible en la que no existen oportunidades reales de que los venezolanos que lo intentan puedan obtener protección internacional y otras formas de permanencia legal, los que los fuerza a una situación irregular.

Como consecuencia de esta situación y la política gubernamental de detener y deportarles de regreso a Venezuela, los venezolanos describieron al equipo una vida a puerta cerrada y con un temor constante a las autoridades. Al no poder acceder al mercado laboral formal, su única opción es trabajar en el sector informal, donde están expuestos a la explotación y no tienen protección ni recursos legales frente a los empleadores abusivos. Las mujeres que se enfrentan al abuso de sus compañeros o ex compañeros sentimentales no tienen a quién recurrir en busca de protección.

En febrero de 2019, en respuesta a una solicitud de Curazao, el Gobierno de los Países Bajos anunció que proporcionaría asistencia a la isla para abordar la afluencia de refugiados y migrantes de Venezuela. Esta medida ofrece al Gobierno de Curazao una oportunidad de adoptar cambios que deberían incluir un sistema para facilitar el acceso de los venezolanos a una situación legal, que incluya el derecho a trabajar, y el cese inmediato de la política de detención y deportación de venezolanos por su condición migratoria.

El Gobierno de Curazao también debe abordar las denuncias de explotación sexual de mujeres de Venezuela y proporcionar protección y recursos a las víctimas. También debe ocuparse de las denuncias de xenofobia y discriminación contra su población de refugiados y migrantes mediante una campaña de información y educación.