Cerca de un 80% de las víctimas de trata de personas reportadas en todo el mundo son mujeres de todas las edades según informa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2006). Esta es una manifestación más de la violencia específica que afecta a las mujeres como producto de su condición de género y de la discriminación política, social y económica que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad frente al accionar de las redes de traficantes y tratantes.

De acuerdo con esa organización internacional, Centroamérica y República Dominicana conforman una región de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres. Cientos de mujeres son sacadas de la región o traídas desde otras partes del mundo para ser explotadas.

Se debe tener en cuenta que la zona es una de las más pobres del hemisferio. Las condiciones marginales y climáticas la hacen, además, vulnerable a los desastres naturales.

Una consecuencia directa de estas circunstancias en que vive la mayoría de la población —que se une a los factores de atracción en los países de destino— es la existencia de altas tasas de migración cuyo perfil ha ido cambiando en los últimos años. Hay una creciente participación de las mujeres en los procesos migratorios. Efectivamente, la pobreza y la exclusión social que caracterizan la vida de miles de mujeres centroamericanas, es causa de lo que se ha denominado la “feminización de la migración” que implica, fundamentalmente, un aumento de la migración de mujeres de forma independiente, sin la compañía de hombres (parejas, padres, hermanos, y otros), lo que las expone a un riesgo mayor.

Además de la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el sueño de la reunificación familiar, expulsan a cientos de mujeres todos los años de sus países de origen en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. Es precisamente en este contexto migratorio que los tratantes aprovechan su situación de vulnerabilidad, para engañarlas, abusar de ellas de múltiples formas y atraparlas en las redes de explotación.

Por el aumento en su incidencia, por la severidad de las consecuencias en sus sobrevivientes, por la complejidad con que las redes criminales transnacionales se organizan, por las nuevas tendencias y variaciones que presenta, la trata de personas se está constituyendo en un tema central de debate en la agenda pública de Centroamérica. Esta es una de las razones por las cuales el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), en el marco del Primer Encuentro Centroamericano sobre la Trata de Mujeres realizado en San José, Costa Rica en diciembre de 2006, acordó fortalecer la acción institucional para conocer, hacer visible y atender la trata de mujeres en cada uno de sus países, e incluir en ella la realización de estudios para obtener información confiable y específica sobre la materia. Esto se debe a que, no obstante su gravedad, solo generalidades se conocen sobre la trata de mujeres en la región.

La información recopilada, si bien importante, se limita al testimonio que sobre el problema puede aportar el personal de las instituciones y organizaciones de asistencia a partir de su relación con las víctimas. Sin embargo, no se cuenta con estudios centrados en las sobrevivientes y que den cuenta de la experiencia con su propia voz. Estudios de este tipo refieren a experiencias de otros continentes, y es un antecedente de especial relevancia el realizado en Europa por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Los riesgos y consecuencias para la salud de la trata de mujeres y adolescentes (Zimmerman 2003) que relata lo vivido por las víctimas de trata en cada una de las fases (reclutamiento, traslado y explotación).

Investigaciones como la mencionada han demostrado ser de especial relevancia, no solo por su valor testimonial sobre la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, sino también porque aportan información de primera mano para conocer las prácticas, dinámicas y características operativas de las redes de tratantes en una región específica. Resultan fundamentales para la definición de estrategias específicas de intervención, tanto por parte del estado, como por representantes del sector de la sociedad civil que asisten directamente a las víctimas.

Fue en ese contexto que el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), a través del Sistema de la Integración Social de Centroamérica (SISCA), decidió realizar el La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América Central y República Dominicana y la actuación de las instituciones.

La tarea estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (Oficina Regional para Centroamérica y México) y se desarrolló entre agosto y diciembre de 2007. Para su realización, se contó con apoyo del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (Línea Género) y con Fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Esta actividad se enmarcó tanto en el Plan de Acción Regional sobre Tráfico y Trata de Mujeres del COMMCA (Eje Prevención) como en el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana con la Organización Internacional para las Migraciones, suscrito en 1999, en el que se estipulan como puntos de especial interés para ambas instituciones y de colaboración entre ellas, tanto los derechos humanos de la población migrante en general, y de mujeres y niños en particular, como el tráfico de migrantes.

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