Informe de situación de trata de personas en Guatemala 2017
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, consiente de la problemática que afronta la población, específicamente ante la trata de personas en todas sus formas de explotación, presenta el octavo informe sobre la situación de trata de personas en el país.
En esta ocasión el informe recoge elementos de la trata de personas, género y pueblos indígenas, visualizando las acciones realizadas por la instituciones y organizaciones de la sociedad civil; en la prevención, atención, protección y acceso a la justicia de las víctimas de trata, pero también evidencia las debilidades que afronta la institucionalidad y por consecuente el Estado de Guatemala, para un adecuado abordaje.
Trágicamente la desatención a las distintas problemáticas que afronta el actual Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, y el poco o nulo interés a esta población del gobierno en turno, tuvieron como consecuencia los hechos lamentables ocurridos en el Hogar Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaria de Bienestar Social.
En Guatemala la trata de personas va en aumento, aunque los indicadores cuantitativos, no lo reflejen, factores como el incremento en los índices de pobreza, marginación, discriminación, desigualdad de oportunidades y de deficiencias en educación, salud, acceso a la justicia y la disfunción o ineficiencia de los organismos del Estado para la atención de la problemática de Pueblos Indígenas, los coloca en mayor riesgo para que sean objeto de la trata de personas.
Durante el 2017 el Ministerio Público detectó 460 posibles víctimas de trata de personas, el número más bajo de posibles víctimas detectadas desde 2012. Es el segundo año consecutivo en que la cifra disminuye. En comparación con 2016, el número de posibles víctimas detectadas se redujo en 136 (23%). Sin embargo, de 2015 a 2016, el número decreció en 77 personas (11%).
El Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP) registró 266 denuncias por el delito de trata de personas durante 2017, en todo el país. En comparación con el año anterior, el número de denuncias registradas disminuyó en 21% (el MP registró 338 denuncias en 2016). Es el tercer año consecutivo en que este número desciende, pero es la primera vez que la diferencia es tan alta.
La niñez y adolescencia continúa en una situación de vulnerabilidad ante la trata, ya que en total, fueron detectados 95 niños, niñas y adolescentes posibles víctimas de trata de personas, que representan el 21% del total de posibles víctimas detectadas por el MP en 2017.
Las mujeres continúan siendo el grupo en mayor riesgo y en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas, ya que del total de víctimas detectadas por el MP, el 61% son de sexo mujer.
En cuanto a la prevención, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, desarrolló diversas acciones a nivel nacional para la sensibilización, información y capacitación de los delitos contra la violencia sexual, explotación y trata de personas; sin embargo aún tiene el reto de incorporar en las mismas, el enfoque multicultural, tomando en consideración procesos de interpretación consistente de los mensajes a difundir en los idiomas de los pueblos indígenas.
La atención y protección a las víctimas de trata, sigue presentando grandes debilidades, durante el 2017 fueron institucionalizadas 232 víctimas de trata de personas, a quienes se les proporcionó atención de primer orden, pero no a todas las víctimas se les brindó atención posterior a su reintegración, por lo que existen altas probabilidades de que sus derechos humanos sean nuevamente vulnerados.
Asimismo, las organizaciones sociales que brindan atención a víctimas de trata, continúan con las buenas prácticas en la atención integral a las víctimas, procurando por medio de sus programas la garantía y restitución de los derechos humanos violentados durante la explotación.
Por último, de acuerdo con el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial (CIDEJ), durante el 2017 fueron dictadas 43 sentencias por el delito de trata de personas y otras 3 por el delito de remuneración por trata de personas. El 78% (36) de estas sentencias fue dictado en sentido condenatorio, mientras el 22% (10) restante fue dictado en sentido absolutorio; no obstante esto no garantiza que haya existido una reparación digna para las víctimas.
En ese sentido, se exponen los datos recabados, el cual contiene una mirada desde los pueblos indígenas, el abordaje de la temática por la autoridad indígena, las organizaciones sociales indígenas y la institucionalidad pública indígena que atiende a las posibles víctimas.
El propósito de este, más que señalar a las instituciones, es mejorar el abordaje de la misma con pertinencia cultural, desde la perspectiva de los derechos humanos e insistir en que se garanticen derechos específicos de los pueblos y las víctimas identificadas, la atención, protección y reparación digna, con el fin de procurar la restauración de sus proyectos de vida.
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