Resumen Ejecutivo

La creciente explotación laboral en los esquemas temporales de migración, la crisis climática, el apartheid en vacunas, las tragedias en las fronteras y en los centros de detención, las precariedades cotidianas de las personas migrantes indocumentadas y las condiciones de trabajo deplorables de muchas y muchos trabajadores migrantes indican, inequívocamente, que estamos lejos de lograr la visión del Pacto Mundial de la Migración (PMM) de un sistema de gobierno hacia la «migración segura, ordenada y regular».

La pandemia de COVID-19 ha resaltado las profundas líneas divisorias que existen en nuestro mundo y, además, ha exacerbado el nacionalismo, la xenofobia, el racismo y el temor a las personas extranjeras. Aunque las personas migrantes trabajan en todos los sectores, una abrumadora mayoría está empleada en trabajos temporales y precarios con derechos nominales o sin derechos laborales. Esas personas migrantes en empleos que fueron etiquetados como «esenciales» o «de primera línea» siguen trabajando, pero, con frecuencia, sin el equipo preventivo adecuado, sin incentivos económicos por horas extra ni complementos por peligrosidad. A pesar de la retórica de «reconstruir mejor», no ha habido ningún agrupamiento pluriestatal que analice el nuevo contrato social que se necesita con urgencia.

En este contexto profundamente problemático, los Estados han respondido con el cierre, la externalización y la militarización de las fronteras y una mayor criminalización de las personas migrantes. Han excluido a las personas migrantes del tan fundamental apoyo económico y atención médica (vacunas incluidas) relacionadas con la pandemia. Desde la adopción del Pacto Mundial de la Migración en 2018, los acuerdos laborales bilaterales, temporales, precarios y explotadores se han convertido en el instrumento estándar para la «migración regular», acrecentando las violaciones de derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes. A pesar de la intensificación del cambio y la crisis ambiental, hay una negación continua del desplazamiento climático como razón válida para la búsqueda de un refugio y de residencia permanente en un país diferente.

Estas realidades ignoran el hecho de que los conflictos actuales en muchas partes del mundo, el empeoramiento de la crisis climática, el aumento de la pobreza y el hambre ponen a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad que podrían obligarlas a migrar.

El objetivo de una política de gobierno hacia una «migración segura, ordenada y regular» que tiene el PMM y que está contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con frecuencia, es interpretada por los Estados de una forma que viola los derechos de las personas migrantes. Esta práctica contradice los principios y compromisos del PMM que defienden los derechos humanos de las personas migrantes y garantizan la protección de los derechos humanos en las fronteras internacionales.

No hay evidencia de que la creación de rutas regulares permanentes para las personas migrantes y la regularización de las personas indocumentadas, vaya a afectar al sistema económico o social de los países de destino. Por el contrario, dichas políticas reducirían en gran medida la inseguridad de subsistencia, originarían sociedades justas y fortalecerían la economía.

Sin embargo, hay evidencia significativa de que dicha visión no se puede lograr a través de medidas draconianas para frenar la migración irregular ni agravando las situaciones ya precarias de las personas. Las personas migrantes se están desplazando porque quieren seguridad y protección. No se les debe tratar como criminales. Las personas migrantes no son responsables de los desastres ni de la pobreza abyecta de la que escapan. Cuando buscan una vida digna, están determinadas a trabajar duro y contribuir con los países de destino y de origen.

ara lograr un verdadero avance en los compromisos del Pacto Mundial de la Migración, el primer Foro de Revisión de la Migración Internacional (FRMI) debe defender con determinación un cambio hacia rutas regulares de migración basadas en derechos, con perspectiva de género y permanentes, la regularización de las personas migrantes indocumentadas y la protección de sus derechos, incluyendo los derechos laborales. El FRMI y otras acciones posteriores tienen que reconocer la realidad del desplazamiento por razones climáticas reclamando rutas regulares para las personas desplazadas. Se necesita una verdadera cooperación global para construir economías resilientes centradas en las personas que aborden los motivos de la migración de manera coherente y holística.

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